Guatemala

Observadores internacionales y funcionarios locales temen que se produzcan hechos de violencia durante las elecciones en Guatemala

(Nueva York) - Amnistía Internacional teme que se produzca una escalada en la violencia política y las violaciones de los derechos humanos cuando los guatemaltecos acudan a votar el domingo. La violencia produciría una seria distorsión del proceso electoral y la legitimidad de sus resultados.

Ya el 3 de noviembre Amnistía Internacional había recibido informes sobre por lo menos 21 asesinatos relacionados con las elecciones, 46 amenazas a periodistas que cubren el evento y más de 100 incidentes de amenazas e intimidaciones de otro tipo relacionadas con la votación, entre cuyas víctimas se encuentran defensores de los derechos humanos y participantes en iniciativas de observación de las elecciones.

"Votantes, candidatos, y personas encargadas de brindar información sobre las elecciones podrían perder sus vidas simplemente por ejercer su derecho al voto o por ejecutar sus responsabilidades profesionales", sostiene Amnistía Internacional.

El elevado nivel de intimidación no sólo ha eliminado físicamente a algunos candidatos y obstaculizado el desarrollo de las campañas de otros, sino que también sirve claramente para intimidar a los votantes, ya sea para forzarlos a votar a candidatos específicos o simplemente para que no voten.

Esta mezcla volátil se ha visto alimentada en los últimos días por la amenaza de ex patrulladores civiles de causar disturbios en las elecciones a no ser que se cumplan plenamente sus exigencias de resarcimiento por su servicio en tiempos de guerra como adjuntos civiles del ejército. Por este motivo funcionarios guatemaltecos creen que podría haber disturbios en el día de las elecciones en 16 de los 22 departamentos de Guatemala. El partido gobernante, Frente Republicano Guatemalteco (FRG), aceptó en principio estas exigencias, buscando de esta manera "comprar" sus votos.

Según se ha denunciado, el FRG también ha estado haciendo uso indebido de los fondos del estado, entre otras tácticas, para intentar influenciar los resultados de las elecciones antes de la votación del domingo. Una ley recientemente sancionada que habría prohibido la publicación de periódicos cerca de la fecha de las elecciones demuestra hasta qué punto el Congreso dominado por el FRG estaba dispuesto a llegar. La ley también prohibía que funcionaran las estaciones de servicio y el transporte privado en esas fechas. Sin embargo, después de protestas generalizadas que alegaban que esta ley habría evitado efectivamente la cobertura periodística de las elecciones en un momento crucial y que posiblemente habría dificultado el acceso de los votantes a los puestos de votación, el presidente de Guatemala Alfonso Portillo habría vetado la ley.

La controvertida nominación del General Efraín Ríos Montt como candidato presidencial del FRG ha sido otro factor importante en la elevación de las tensiones electorales. El General no sólo tiene un historial de derechos humanos sumamente turbio, sino que también estaría impedido por la Constitución de ser candidato a la Presidencia.

Sin embargo, los otros dos partidos, la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y la Gran Alianza Nacional (GANA), ambos serios candidatos a entrar en una segunda vuelta en caso de ballotage, también han presentado candidatos vinculados con violaciones de los derechos humanos durante el conflicto civil. Ambos partidos también estuvieron supuestamente involucrados con las mismas estructuras de poder paralelo y crimen organizado que mantuvieron dominado al FRG durante el período actual (desde 2000 hasta el presente).

"Todas las misiones de observación nacionales e internacionales, todos los partidos políticos guatemaltecos y las autoridades actuales deben estar alertas ante las posibilidades de violencia y fraude de todos los sectores", afirma Amnistía Internacional. "Deben tomar todas las medidas posibles para garantizar que se respeten los derechos humanos y el imperio de la ley durante las elecciones, incluyendo la adhesión al pacto de no violencia firmado por todos los participantes al principio de la campaña".

La organización también hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que permanezca vigilante en caso de mayor violencia y fraude después de las elecciones, y para que se inste al partido ganador a que adopte una serie de compromisos de respeto de los derechos humanos.