Jueves, 26 de junio de 2003

Los Estados Unidos de América

La decisión de la Corte Suprema sobre el caso Wiggins podría afectar a cientos de apelaciones de condenados a muerte

La organización sostiene que la defensa incompetente es moneda corriente en el sistema de aplicación de la pena de muerte en EE.UU.


(Washington, DC) - Una decisión de la Corte Suprema de EE.UU., que determinó que los abogados de Kevin Wiggins, un presidiario de Maryland condenado a la pena capital, no cumplieron con las normas sobre asesoramiento legal competente, ofrecerá un nuevo argumento para cientos de condenados a muerte, declaró Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA) en el día de la fecha.

"Aunque nadie puede predecir con absoluta certeza en cuántos casos la defensa de los condenados a muerte no cumplió con las normas internacionales y constitucionales de EE.UU., Amnistía Internacional conoce cientos de casos en los que los jurados no tuvieron acceso a importantes circunstancias atenuantes", afirma Sue Gunawardena-Vaughn. "En varios casos, los jurados expresaron su frustración y consternación al enterarse de que habían condenado a morir a alguien sin haber tenido acceso a información clave sobre sus antecedentes".

Las garantías internacionales exigen que los acusados a los que se puede aplicar la pena capital deben recibir asistencia legal adecuada durante todas las etapas del juicio, en mayor medida que en aquellos casos en los que no se aplica la pena de muerte. Un informe reciente de Amnistía Internacional, Aide-Memoire to 25 Years of Killing in the US (Ayudamemoria de 25 años de asesinatos en EE.UU.), puso al descubierto que muchos de los acusados son demasiado pobres como para poder costear su propio abogado y son representados por abogados designados por el tribunal. Con enorme frecuencia, los condenados cuentan con abogados incompetentes o inexpertos precisamente en la etapa de la sentencia, lo que ayuda a explicar por qué tanta gente inocente ha sido condenada a muerte. Es en esta etapa, después de que el acusado ha sido condenado, que el estado presenta argumentos para que se aplique la pena capital y la defensa tiene la oportunidad de presentar pruebas que respalden la aplicación de una sentencia más leve. En un caso tras otro, a pesar de la existencia de circunstancias atenuantes, los abogados defensores presentaron muy pocas o ninguna prueba de este tipo, y es por ello que el jurado no tenía ningún motivo en el cual basarse para votar por la aplicación de una condena más leve.
Amnistía Internacional presenta los siguientes casos como ejemplos de asesoramiento legal incompetente durante la etapa de sentencia de los juicios donde se aplica la pena capital.

John Young Ejecutado en Georgia en 1985. Su abogado admitió que no estaba bien preparado debido a problemas personales. Fue excluido del foro (acusado de tenencia de drogas) días después del juicio. No presentó ninguna prueba atenuante en beneficio de su cliente, que era un adolescente.

Billy Mitchell Ejecutado en Georgia en 1987. Su abogado defensor no presentó ninguna prueba atenuante cuando se dictó sentencia. Declaraciones juradas de personas que habrían testificado, si se les hubiera solicitado que lo hicieran, ocupan 170 páginas del expediente archivado en el tribunal federal.

Earl Clanton Ejecutado en Virginia en 1988. Su abogado estuvo ocho horas con Clanton, incluyendo el tiempo que duró el juicio. Un juez federal determinó que "no hizo el menor esfuerzo para obtener pruebas atenuantes ... lo que equivale a una absoluta negligencia de sus obligaciones profesionales".

James Messer Ejecutado en Georgia en 1988. Varios jueces federales describieron el desempeño de su abogado como "irracional y negativo", "un completo fracaso del régimen procesal" y "totalmente antiprofesional".

Leonard Laws Ejecutado en Virginia en 1990. Su abogado no presentó ninguna prueba atenuante, incluyendo las que demostraban que Laws había sufrido grave daño psicológico en la guerra de Vietnam. Una opinión en disidencia de la Corte Suprema de EE.UU. describió la conducta del abogado como "claramente deficiente".

John Gardner Ejecutado en Carolina del Norte en 1992. Su abogado, que era drogadicto y alcohólico en el momento del juicio y que posteriormente fue apartado de la práctica legal acusado de negligencia profesional, no realizó ninguna investigación para obtener pruebas atenuantes.

Jesus Romero Ejecutado en Texas en 1992. Lo único que dijo el abogado en su alegato final fue: "Ustedes son un jurado muy inteligente. Tienen la vida de ese hombre en sus manos. Pueden tomarla o no. Eso es todo lo que tengo para decir". Un juez federal opinó que su conducta fue "visiblemente irracional", pero esto fue anulado durante la apelación.

Martsay Bolder Ejecutado en Missouri en 1993. Su abogado no presentó ninguna prueba atenuante. Un juez federal dejó sin efecto la condena a muerte, pero ésta fue restablecida durante la apelación. Un juez disidente describió este caso como un "fracaso de la justicia".

Joe Wise Ejecutado en Virginia en 1993. Su representante era un abogado que nunca antes había actuado en un juicio penal. El alegato que realizó para oponerse a la ejecución duró dos minutos, en el que resumió el caso de su cliente en 22 oraciones.

Carl Johnson Ejecutado en Texas en 1995. Durante el juicio, su abogado principal se quedó dormido durante "períodos significativos en varias ocasiones", según la declaración jurada presentada por el co-defensor, un abogado inexperto que recién había egresado de la facultad de derecho.

Larry Stout Ejecutado en Virginia en 1996. Su abogado no presentó ninguna prueba atenuante durante la etapa de sentencia. Un juez federal determinó que esto había sido una conducta constitucionalmente inadecuada, pero esta decisión fue anulada por un tribunal superior.

Durlyn Edmonds Ejecutado en Illinois en 1997. El abogado que había sido designado por el tribunal no investigó ni presentó pruebas de la enfermedad mental de Edmonds, a pesar de que en reiteradas ocasiones se le había diagnosticado que sufría esquizofrenia.

Victor Kennedy Ejecutado en Alabama en 1999. Su abogado no presentó ninguna prueba atenuante. Se le otorgó un nuevo juicio, pero fue revocado por un tribunal superior basándose en que el reclamo de representación ineficaz había sido elevado demasiado tarde.

Cornel Cooks Ejecutado en Oklahoma en 1999. Su abogado no hizo comparecer a ningún testigo y no presentó ninguna de las pruebas atenuantes considerables que tuvo a su disposición durante la etapa de sentencia.

Wanda Jean Allen Ejecutada en Oklahoma en 2001. Era el primer caso de pena capital en el que intervenía su abogado, que cobró U$S 800. El abogado no tenía conocimiento de que Allen sufría de un leve retraso mental.

Ronald Frye Ejecutado en Carolina del Norte en 2001. Su abogado era un alcohólico que se emborrachaba de forma rutinaria en lugar de trabajar en el caso de Frye. Varios de los jurados declararon posteriormente que no habrían votado por la condena a muerte si hubieran tenido conocimiento sobre los antecedentes de Frye.