Miércoles, 26 de marzo de 2003

Los Estados Unidos de América

Amnistía Internacional declara que la presencia de mayor cantidad de agentes policiales estadounidenses en las investigaciones sobre ciudadanos extranjeros no garantiza un mejor proceso

La organización hace un llamamiento a la Oficina del Inspector General de EE.UU. para que presente un informe independiente sobre los arrestos realizados después del 11/9

(Washington D.C.) - En una carta enviada en el día de la fecha, Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA) instó al Procurador General, John Ashcroft, y al Secretario de Seguridad Interna, Tom Ridge, a respetar los derechos humanos de los ciudadanos iraquíes dentro de sus fronteras evitando los supuestos abusos que han caracterizado las redadas, las entrevistas voluntarias y los arrestos realizados como consecuencia de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y a que den a conocer las conclusiones del informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia sobre los arrestos realizados con posterioridad al 11/9.

"Aumentar la cantidad de agentes policiales en la lucha contra el terrorismo sin respetar las salvaguardias legales contra las violaciones de los derechos humanos es un camino miope para buscar la seguridad nacional", declaró Curt Goering, Director Ejecutivo Adjunto de AIUSA. "El informe de la Oficina del Inspector General sobre los arrestos realizados después del 11/9 puede proporcionar recomendaciones importantes para ayudar a los funcionarios estadounidenses a evitar las violaciones de derechos humanos de las que hemos sido testigos recientemente, como la aplicación selectiva de leyes de inmigración y la denegación de asesoramiento legal para los detenidos".

Supuestamente, el FBI ha comenzado a movilizar a más de 5.000 agentes para protegerse contra ataques terroristas, controlar a supuestos terroristas y entrevistar a miles de ciudadanos iraquíes que viven en los Estados Unidos, muchos de los cuales tienen la residencia desde hace mucho tiempo. La escala de la operación sólo parece ser comparable a la de las entrevistas que se celebraron inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre. Desde que los ataques aéreos de EE.UU. contra Irak comenzaron la semana pasada, los agentes del FBI, según se informa, han entrevistado a casi la mitad de los 11.000 ciudadanos iraquíes que son objeto de la investigación y han arrestado a por lo menos 30 por violación de disposiciones inmigratorias, utilizando poderes amplificados que violan la división tradicional que existe entre los agentes policiales y los funcionarios de inmigración.

"Los funcionarios estadounidenses parecen estar avanzando a ciegas sin preocuparse por las posibles violaciones de los derechos humanos que se puedan cometer contra los inmigrantes", sostiene Benjamin Jealous, Director del Programa Interno de Derechos Humanos de AIUSA. "Los funcionarios estadounidenses no pueden permitirse dejar de lado de forma cínica las protecciones de los derechos humanos. Nuestra nación está basada en una premisa, que establece que determinados derechos esenciales, como el derecho a no ser expuestos a torturas o arrestos arbitrarios, son inalienables, incluso durante épocas de guerra".

Amnistía Internacional protestó contra el supuesto maltrato de los detenidos luego del 11/9, incluyendo arrestos arbitrarios, aplicación selectiva de leyes de inmigración, sigilo, no permitir que los detenidos tengan acceso inmediato a un abogado, arrestos durante períodos prolongados sin presentar acusaciones y otros temas preocupantes. La organización también demuestra preocupación por el hecho de que los ciudadanos iraquíes sean el blanco de las investigaciones sobre la base de lo que el derecho internacional define como discriminación racial, dado que se selecciona a las personas por su país de origen en lugar de probar que han cometido actos criminales. Las normas internacionales prohíben la discriminación basada en la raza, el color de la piel, el sexo, el idioma, la religión o el origen social.