El general Ospina tiene un largo historial de colaboración estrecha con las fuerzas paramilitares responsables de ataques horrendos contra civiles. Mientras fue comandante de la Cuarta Brigada, entre 1997 y 1998, las tropas bajo su mando perpetraron una serie de masacres, ejecuciones y torturas. Según se ha denunciado, en 1997, sus tropas rodearon el pueblo de El Aro y permitieron que las fuerzas paramilitares encerraran a los pobladores, los aterrorizaran, amenazaran y mataran a cuatro de ellos. El General Ospina nunca fue suspendido ni se inició ninguna investigación formal, aunque las leyes y los reglamentos militares colombianos establecen que se deben tomar medidas de este tipo si se alega que se han perpetrado violaciones contra los derechos humanos.

La designación del general también representa un insulto a EE.UU., que le ha recordado de forma reiterada al gobierno colombiano que la ayuda en el campo de la seguridad proporcionada por EE.UU. está condicionada a que Colombia cumpla con criterios específicos sobre respeto a los derechos humanos. EE.UU. debe considerar la designación de Ospina como evidencia clara de que el gobierno y las fuerzas armadas de Colombia no toman en serio este mandato. EE.UU. debe dejar de lado las advertencias verbales que hasta ahora ha hecho a Colombia y suspender la asignación final de ayuda de seguridad para el año 2003 debido a problemas de derechos humanos, de acuerdo con lo que establecen las leyes de EE.UU.