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Guatemala

Amnistía Internacional advierte de que Guatemala sigue por el camino de la anarquía y el terror

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(Nueva York) – «Lejos de construir la paz firme y duradera exigida en los acuerdos de paz suscritos bajo los auspicios de las Naciones Unidas, Guatemala sigue por el camino de la anarquía y el terror y está sufriendo un aumento de casos de abusos cometidos contra activistas, abogados y jueces que trabajan para combatir la impunidad», ha advertido hoy Amnistía Internacional.

En el informe titulado El legado mortal de Guatemala: El pasado impune y las nuevas violaciones de derechos humanos, la organización informaba de que se había observado un aumento de casos de hostigamiento y abusos desde mayo del 2000 y de que este aumento se había acelerado conforme avanzaba el año. Estas violaciones de derechos humanos han alcanzado tal gravedad que Amnistía Internacional ha descrito la situación de derechos humanos en Guatemala como una de «desmoronamiento de los derechos humanos». Entre enero y agosto del 2000 se denunciaron 81 amenazas contra personal judicial, y siete testigos en causas importantes fueron asesinados. Desde finales del 2000, ocho abogados, jueces y testigos han sido asesinados y otros seis han huído del país.

El presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, impuso su autoridad para conseguir que se hiciera justicia en el caso del asesinato del obispo Juan José Gerardi activista de derechos humanos y en la tristemente notoria matanza de Dos Erres, perpetrada en 1982. No obstante, su incapacidad para combatir la impunidad reinante ha contribuido a elevar el índice de delincuencia y los linchamientos. Según la Misión de las Naciones Unidas de verificación de derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (MINUGUA), en el periodo comprendido entre 1996 y el 2001 se cometieron 390 linchamientos; en el 97 por ciento de los casos, no se ha hecho comparecer a nadie ante la justicia.

En la Guatemala de hoy en día se encuentran entre otras violaciones de derechos humanos las cometidas en el contexto del llamado «Estado de Mafia Corporativa». Estos delitos tienen lugar cuando determinados agentes económicos, como las empresas filiales de algunas compañías multinacionales, actúan en connivencia con sectores de la policía, del ejército y con delincuentes comunes para perseguir sus intereses económicos mutuos. Amnistía Internacional atribuye este fenómeno, y otros males crónicos que padece Guatemala, al hecho de que no se ha abordado el legado no resuelto de violaciones de derechos humanos a escala masiva cometidas durante el largo conflicto civil que arrasó el país.

«No se han investigado adecuadamente las matanzas de miles de miembros de comunidades indígenas y las violaciones graves sufridas por otros muchos más durante operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo en los años ochenta, y los responsables siguen gozando de impunidad», ha señalado William F. Schulz, director ejecutivo de la Sección Estadounidense de Amnistía Internacional (AIUSA). «Esto transmite el mensaje a quienes están en el poder de que pueden actuar impunemente y prepara el terreno para que se cometan nuevos abusos, especialmente contra quienes luchan para que se haga la justicia».

Entre los casos recientes de abusos que figuran en el informe El legado mortal de Guatemala se encuentran los siguientes:

• En abril del 2001, Casa Alianza, una organización que ayuda a los niños de la calle, informó de que se habían asaltado las oficinas donde trabajan sus educadores y su programa legal, tras una serie de llamadas telefónicas extrañas y unas visitas cada vez más frecuentes de la policía. Es posible que esos incidentes estuvieran motivados por los esfuerzos de Casa Alianza de llevar ante la justicia a dos agentes uniformados de la Policía Civil Nacional presuntamente responsables de la violación de dos niñas de la calle en enero.
  
  
• En octubre del 2001, Matilde Leonor González, historiadora de avansco (el instituto de investigación sobre ciencias sociales en el que trabajaba Myrna Mack cuando la asesinaron), fue sometida a vigilancia e intimidación repetidamente, al parecer a causa de sus averiguaciones sobre la función que había desempeñado el ejército en la manipulación de las estructuras de poder locales para incitar a la violencia callejera y los linchamientos en todo el país.
  
  
• En noviembre del 2001, los empleados de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Quetzaltenango denunciaron haber sufrido amenazas de muerte y un asalto a su oficina, al parecer como represalia por investigar la corrupción en las instituciones estatales del departamento de Quetzaltenango. También se denunciaron amenazas similares contra los empleados de la Procuraduría de los Derechos Humanos en los departamentos de Huehuetenango, Izabal y Retalhuleu. En enero del 2002, una empleada local de Sololá tuvo que ocultarse debido a las amenazas proferidas contra ella y sus hijos.
  
  
• Sylvia Gerea, reportera de El Periódico, fue agredida en marzo del 2001: la agarraron por el cuello y le advirtieron de que los matarían a ella y a sus asociados si seguían escribiendo sobre las irregularidades de unos préstamos concedidos por un banco de crédito a personas poderosas. Más tarde, ese mismo mes, dos hombres armados profirieron nuevas amenazas contra varios periodistas y contra el director del periódico, José Rubén Zamora, por informar sobre esos préstamos. Por esa misma época, varios periodistas de Prensa Libre recibieron amenazas a causa de un trabajo similar de periodismo de investigación. En septiembre del 2001, un periodista de la radio fue asesinado tras participar en un programa de entrevistas en el que se denunció la corrupción del gobierno. En febrero del 2002, seis periodistas fueron agredidos por agentes de policía u hombres armados no identificados.

Las recomendaciones de Amnistía Internacional a las autoridades guatemaltecas incluyen: poner en práctica los acuerdos de paz y las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico;establecer un programa efectivo de protección de personal judicial y testigos que participan en causas contra la impunidad; garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos; asegurar que los órganos encargados de hacer cumplir la ley cumplen las normas internacionales de derechos humanos y que todos los «escuadrones de la muerte», ejércitos privados y fuerzas paramilitares se desmantelan y aquellos miembros responsables de violaciones de derechos humanos son llevados ante la justicia.

«Para que Guatemala deje atrás su terrible pasado, debe finalmente abordar el legado de impunidad», ha declarado el director de asuntos gubernamentales de la Sección Estadounidense, Alex Arriaga, que ha regresado recientemente de una visita de Amnistía Internacional al país. «Hasta que el poder judicial guatemalteco no experimente una reforma profunda para que actúe a las normas internacionales, no podrá haber una paz real y duradera en Guatemala.»

**Nota: no todas las denuncias estaban relacionadas con cuestiones de derechos humanos.