El Congreso debe frenar la ayuda de los EE.UU. a Colombia, Advierte Amnistía Internacional

Durante la visita del Presidente Álvaro Uribe, Amnistía Internacional denuncia nuevas fallas en la organización de tropas civiles que "invitan a que se cometan abusos contra los derechos humanos"

(Washington, DC) - Cuando el Presidente Álvaro Uribe se reúna esta semana con los líderes del Congreso para exponer sus planes de seguridad para Colombia, los funcionarios estadounidenses deberán hacer que Uribe reconsidere los efectos de estas medidas y deberán detener la adjudicación de 41.7 millones de dólares estadounidenses destinados a las fuerzas armadas colombianas para este año fiscal.

"El Departamento de Estado cometió un gravísimo error a principios de este mes al certificar que Colombia cumple con las condiciones de defensa de los derechos humanos", afirma el Dr. William F. Schulz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional de EE.UU. (AIUSA). "Lo que en ese momento estaba claro, ahora resulta penosamente obvio: que el gobierno colombiano no sólo no ha cumplido los requisitos para recibir esta certificación, sino que además, las nuevas medidas aplicadas por Uribe podrían causar mayores problemas en el área de derechos humanos. El Congreso debería mostrarse firme y negarse a autorizar la ayuda estadounidense, que podría contribuir a que se incrementen aun más los abusos, que ya son endémicos en Colombia".

Las reuniones recientes de las organizaciones de defensa de los derechos humanos con el vicepresidente Francisco Santos sólo sirvieron para acrecentar el temor de que el gobierno de Uribe está aplicando políticas perjudiciales para la protección de los derechos humanos. Especialmente perturbador fue el reconocimiento por parte del vicepresidente colombiano de que no existen procesos para investigar los antecedentes de los miembros de las fuerzas militares especiales del gobierno compuestas por "soldados campesinos" y que existen planes para permitir que esos soldados vuelvan a casa por las noches, convirtiendo de esta forma a sus familias en potenciales víctimas del conflicto armado.

"Al no investigar a los miembros de estas unidades de soldados campesinos, el gobierno colombiano ha creado un sistema que permite que los miembros de las fuerzas paramilitares o de la guerrilla infiltren y exploten fácilmente unidades supuestamente destinadas al mantenimiento de la paz", afirma Eric Olson, Director de Defensa de América de AIUSA, que se reunió con Santos la semana pasada. "Al permitir que estas fuerzas vuelvan a sus casas durante la noche, sus familias se convierten en blancos perfectos para la oposición. Esto prácticamente invita a que se cometan abusos contra los derechos humanos".

Olson también observó que, aunque la participación en la red de informantes de los soldados campesinos es supuestamente voluntaria, es muy difícil, si no imposible, evitar la coerción. Es muy común que se acuse a civiles de simpatizar con la guerrilla cuando no cooperan con las fuerzas militares o paramilitares.

Aunque Amnistía Internacional reconoce la magnitud del desafío que debe enfrentar el Presidente Uribe, la organización teme que Uribe, en nombre del combate al terrorismo, esté propiciando un entorno negativo para los derechos humanos al declarar que el país está pasando por un "estado de conmoción interna". Estas declaraciones, sumadas al creciente debilitamiento del sistema judicial por parte del gobierno colombiano, sólo pueden crear un ambiente propicio para los abusos contra los derechos humanos.