Colombia no pasa la prueba de los derechos humanos

Los EE.UU. liberan fondos a pesar de que los lazos entre los militares y los grupos paramilitares continúan existiendo

(Washington, DC) -- Colombia no ha cumplido con ninguna de las condiciones de protección de los derechos humanos que la legislación estadounidense impone como requisito previo al otorgamiento de ayuda militar, según denunciaron hoy tres importantes organizaciones de defensa de los derechos humanos.

En un nuevo informe que detalla el historial de derechos humanos de Colombia, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina para Latinoamérica en Washington (WOLA) han planteado serias objeciones a la certificación sobre las condiciones relativas a los derechos humanos emitida el 9 de septiembre por el Secretario de Estado Adjunto, Richard Armitage, que liberó unos U$S 70 millones en entrenamiento, armamento, municiones y otros suministros a fuerzas armadas que cuentan con un historial de graves violaciones de los derechos humanos.

"Afirmar que Colombia cumple con las condiciones de protección de los derechos humanos es burlarse de la ley", sostiene Eric Olson, Director de Defensa de América para AIUSA. "El gobierno de los EE.UU. está ignorando el incumplimiento rotundo del gobierno colombiano de los criterios mínimos de respeto a los derechos humanos. Hacer la vista gorda ante la crisis de los derechos humanos en Colombia sólo puede aumentar la violencia y debilitar las aspiraciones de todos aquellos que anhelan que haya justicia y seguridad en ese país".

Conforme al artículo 567 de la Ley de Asignaciones para Operaciones en el Extranjero, Financiamiento de Exportaciones y Programas Afines, el gobierno colombiano debe demostrar que las fuerzas armadas han suspendido a los oficiales sobre los cuales pesen denuncias creíbles de violaciones graves de los derechos humanos o de complicidad con grupos paramilitares, han cooperado con las autoridades judiciales civiles a cargo del enjuiciamiento de militares en tribunales civiles, han tomado medidas efectivas para romper los lazos con los grupos paramilitares y han ejecutado las órdenes de captura de líderes paramilitares que aún se encuentren pendientes. .

"Desde la última certificación, hemos recibido nuevos informes sobre choques entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares", denuncia José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de América de Human Rights Watch. "Pero el problema fundamental continúa siendo el mismo: no ha habido ningún avance significativo en la suspensión de oficiales implicados en casos de abusos, la investigación judicial eficaz de los abusos o la ruptura de los lazos persistentes entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares".

El informe presentado por los tres grupos afirma, con ejemplos de casos específicos, que ninguna de estas tres condiciones se ha cumplido. El informe también muestra cómo se ha debilitado la decisión del gobierno colombiano de defender los derechos humanos desde mayo de 2002, fecha en la que se otorgó la certificación anterior relativa a los derechos humanos. El nuevo presidente, Álvaro Uribe, ha tomado medidas que amenazan con debilitar aun más la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos y contribuyen con el crecimiento de los grupos paramilitares que actúan fuera de la ley.

"Esta certificación constituye una ofensa a todos los colombianos que han sido amenazados o incluso asesinados debido a su compromiso con los derechos humanos", afirma el Director Ejecutivo de WOLA, Bill Spencer. "También constituye una afrenta al Congreso de los EE.UU., que está siendo forzado por un gobierno decidido a librar una guerra en Colombia acompañado por los peores elementos de las fuerzas militares de ese país".

Los grupos también cuestionaron el historial del fiscal general Luis Camilo Osorio, que asumió ese cargo en julio de 2001. Osorio ha despedido o ha obligado a que renuncien los fiscales encargados de investigaciones sobre los derechos humanos y ha desbaratado casos importantes, entre ellos el procesamiento del General (retirado) Rito Alejo del Río, acusado de haber apoyado a grupos paramilitares en los 90. El General Del Río fue dado de baja en 1998 y los EE.UU. cancelaron su visa para entrar a ese país. En un artículo reciente publicado en The Wall Street Journal, se dice que Osorio acusó a cuarenta y cinco miembros del Congreso de los EE.UU. de participar en una "guerra" para desacreditar a las autoridades colombianas, a causa de una carta firmada por estos funcionarios en la que expresan su preocupación acerca de los derechos humanos.

El documento conjunto emitido por Human Rights Watch, Amnistía Internacional y WOLA está disponible en:

www.hrw.org
www.amnestyusa.org
www.wola.org