Sumario Ejecutivo: Entrenamiento Militar Estadunidense, de Seguridad y Policial para Fuerzas Extranjeras

Cada año el gobierno estadounidense entrena no menos de 100,000 soldados y policías extranjeros provenientes de más de 150 países en doctrinas y métodos militares y policiales estadounidenses, así como en técnicas de guerra y combate. Estas cifras han aumentado tremendamente después del 11 de septiembre del 2001, con una intensificación de operaciones en países tales como Afganistán, Georgia, las Filipinas y Yémen. La mayoría de esas operaciones son consideradas entrenamiento "anti-terrorista" para fuerzas extranjeras, pero dicho entrenamiento no está limitado a la época posterior al 11 de septiembre.

El Entrenamiento Militar Estadounidense de Hoy Puede Tener Consecuencias No Previstas en el Futuro

El entrenamiento militar ofrece beneficios a largo plazo, y los conocimientos que se logran de dicho entrenamiento pueden ser fácilmente transferidos de una unidad policial o militar hacia otras. El entrenamiento que los EEUU ofrece a otras naciones debe por lo tanto ser cuidadosamente considerado como un elemento de la política exterior estadounidense que debe estar gobernado por el control, la transparencia, la responsabilidad y el liderazgo apropriados. La importancia de estos controles es demostrada por el récord que los programas de entrenamiento estadounidenses tienen en lugares como Colombia, Indonesia y Ruanda, donde las fuerzas militares han cometido violaciones de derechos humanos en el contexto de esos conflictos armados particulares.

Durante la década de los noventas, el récord particular de una institución de entrenamiento militar estadounidense atrajó el escrutinio del público estadounidense. La escuela del Ejército de los EEUU denominada "Escuela de las Américas" dió entrenamiento y educación a soldados latinoamericanos, algunos de los cuáles llevaron a cabo violaciones de derechos humanos (incluyendo el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas, una empleada doméstica y su hija. Más tarde, en 1996, se hizo del conocimiento público que en los ochentas y principios de los noventas la Escuela de las Américas había usado manuales que advocaban prácticas de tortura, extorsión, secuestro y ejecución extra-judicial.

Estas revelaciones fueron en su mayoría el resultado de una campaña desarrollada por organizaciones no-gubernamentales (tales como la School of the Americas Watch) para descubrir y diseminar al público el historial de la Escuela de las Américas y sus graduados. En los 1990s dicha campaña generó presiones tremendas en favor de la reforma. La Escuela de las Américas ahora tiene un nuevo nombre, un nuevo reglamento y un plan de estudios bastante diferente que incluye cursos sobre derechos humanos y ley humanitaria. Sin embargo, el Gobierno de los EEUU nunca ha hecho a nadie responsable por los manuales o el comportamiento de los graduados de la Escuela de las Américas, y muchos de sus críticos continuan demandando que se cierre permanentemente dicha institución.

La Vasta Red de Operaciones de Entrenamiento Estadounidenses

A pesar de todo esto, la Escuela de las Américas (o Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, como se le conoce ahora) es únicamente una parte pequeña de la vasta y compleja red de programas estadounidenses para el fuerzas militares y policiales extranjeras. Parte de dicho entrenamiento se desarrolla en los Estados Unidos, con financiamiento del gobierno extranjero recipiente o por medio de préstamos y donaciones facilitadas por los EEUU. Además del Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, hay aproximadamente 275 escuelas e instalaciones militares en los EEUU que ofrecen más de 4,100 cursos de estudio. Decenas de miles de estudiantes participan en esos programas, pero muchos más reciben entrenamiento en sus propios países por medio de una variedad de programas entre los que se incluyen ejercicios militares.

Los EEUU también provee entrenamiento para fuerzas policiales extranjeras por medio de varios programas que incluyen aquellos que son administrados por los Departamentos de Estado (DOE) y Justicia (DOJ), y por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Contratistas comerciales privados estadounidenses también ofrecen entrenamiento para las institutiones militares y fuerzas policiales extranjeras. En algunos casos el DOE, junto con el DOJ y el Departamento de Defensa (DOD), contratan compañías privadas para implementar programas de entrenamiento elegidos por el gobierno. En otros casos son los gobiernos extranjeros los que contratan directamente a las compañías estadounidenses.

Imperativas para la Supervisión y el Entrenamiento en Derechos Humanos

Un número de leyes gobiernan el entrenamiento estadounidense para fuerzas extranjeras, tales como el Acta de Control de Exportaciones de Armas (Arms Export Control Act), el Acta de Asistencia Extranjera (Foreign Assistance Act), y la enmienda al Acta de Operaciones Extranjeras y Apropriaciones de Defensa (Foreign Operations and Defense Appropriations Act) que se conoce con el nombre de "Ley Leahy." Dicha ley fue introducida en 1996 y requiere que se investiguen los antecedentes personales de todos los extranjeros que reciben de los EEUU entrenamiento militar y policial. Aunque el DOE y el DOD han progresado en implementar la Ley Leahy, aún no existe ningún estándard para los procesos que se usan para desarrollar esas investigaciones.

En la práctica, la calidad de la investigación de antecedentes varía de una embajada estadounidense a la otra, dependiendo de factores tales como el nivel de los esfuerzos de los empleados de las mismas y la cantidad de datos disponibles sobre los antecedentes de los candidatos a estudiantes. Se debe agregar que los requerimientos de investigaciones no son aplicados al entrenamiento financiado por gobiernos extranjeros con sus propios recursos. La mayoría del entrenamiento estadounidense para tropas extranjeras es financiado de esa manera. Las evaluaciones de seguimiento sobre estudiantes militares extranjeros que han recibido entrenamiento estadounidense son también bastante limitadas.

Además de esta estructura legal, parte del entrenamiento militar estadounidense incluye material sobre derechos humanos, aunque no hay ningún requerimiento sistemático de que dicho material sea parte de la mayoría de la educación militar y entrenamiento que son dirigidos hacia fuerzas extranjeras. Dos programas que regularmente incluyen dichos material son el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad (WHINSEC), el cuál incluye un curso obligatorio sobre derechos humanos, y la Educación y Entrenamiento Militar Internacional (International Military Education and Training - IMET), que incluye cursos sobre relaciones cívico-militares, derechos humanos y justicia. En contraste, no hay ningún requerimiento obligatorio para el ofrecimiento de instrucción sobre derechos humanos en el entrenamiento recibido por agentes policiales extranjeros. Con la excepción de pocos programas, ninguna información sobre el posible contenido de material sobre derechos humanos en el entrenamiento policial se encuentra públicamente disponible.

Los Estados Unidos también ofrece entrenamiento operacional para fuerzas extranjeras, frecuentemente por medio de ejercicios militares, pero la mayoría de esos ejercicios no incluyen ningún tipo de procedimientos de investigación sobre abusos de derechos humanos o contenido material sobre derechos humanos o la ley humanitaria. La excepción es el Entrenamiento de Intercambio Combinado Conjunto (Joint Combined Exchange Training - JCET), un programa que permite a las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU (US Special Operations Forces) desarrollar ejercicios militares conjuntos con fuerzas extranjeras. El programa del JCET requiere que se investiguen los antecedentes de todos los participantes extranjeros.

Casos de Estudio: Ruanda, Indonesia, Colombia

El entrenamiento operacional, en particular, tiende a desarrollarse con poca vigilancia sobre la política extranjera estadounidense o con responsabilidad. Los riesgos que esas situaciones representan se pueden entender mejor por medio de los siguientes casos de estudio: Ruanda, Indonesia y Colombia. El Ejército Patriótico de Ruanda (EPR) ha estado implicado en masivas violaciones a los derechos humanos, las que incluyen "desapariciones" y asesinatos de civiles desarmados. Aunque aún no está claro cuáles son las unidades que han sido entrenadas, se sabe que Fuerzas Especiales de EEUU le dieron entrenamiento letal de combate a elementos del EPR antes de que sucedieran dichas violaciones. Las Fuerzas Especiales de EEUU han continuado entrenando soldados de Indonesia aún después de la masacre por tropas de ese país de protestantes desarmados en Timor Oriental (y a pesar de que el Congreso de los EEUU había prohibido el entrenamiento militar de tropas indonesas. En Colombia fuerzas estadounidenses continuan dando ayuda militar, a pesar de las masivas violaciones de derechos humanos que han sido causadas por las fuerzas militares colombianas y las fuerzas paramilitares a las que están ligadas.

Recomendaciones de Amnistía Internacional para el Gobierno de EEUU

Basandose en este informe, Amnistía Internacional recomienda que el Gobierno de EEUU tóme los siguientes pasos:

• Incremente la transparencia y responsabilidad del entrenamiento ofrecido a militares extranjeros. En particular, el gobierno estadounidense necesita incrementar el escrutinio sobre el entrenamiento desarrollado por contratistas estadounidenses privados y enforzar el Acta de Información sobre Derechos Humanos (Human Rights Information Act), así como también el Acta para el Entrenamiento Responsible de Fuerzas Militares Extranjeras (Foreign Military Training Responsibility Act) para que exista mayor información pública sobre el entrenamiento anterior y corregir la falta de vigilancia, transparencia y responsabilidad vigente.
  
• Generalize la educación sobre derechos humanos y ley humanitaria en todo el entrenamiento para militares extranjeros; incremente la transparencia y responsabilidad del entrenamiento provisto a personal militar extranjero.
• Fortalezca la investigación de los antecedentes personales de todos los recipientes del entrenamiento para extranjeros, incluyendo la de aquellos que se benefician del entrenamiento financiado por gobiernos extranjeros o del entrenamiento desarrollado por contratistas privados.
• Desarrolle un sistema mejor coordinado para asignar a gobiernos extranjeros los programas de entrenamiento militar, de seguridad y policial.
• Ofrezca vigilancia, control y guías políticas para gobernar el uso de las Fuerzas Especiales de EEUU (SOF) en el entrenamiento de fuerzas extranjeras, especialmente si dicho entrenamiento involucra a fuerzas convencionales regulares.
• Establezca una comisión independiente para investigar las actividades pasadas de la Escuela de las Américas y sus graduados, particularmente en lo que se refiere al uso de manuales de entrenamiento que advocan la tortura y otras actividades ilegales. Pendiente a la publicación de los resultados de dicha comisión, todo entrenamiento en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad (la institución que reemplazó a la Escuela de las Américas en el 2001) debiera ser suspendido.